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Posición del G25 respecto del “Acuerdo” entre el BGF y el grupo AdHoc de Hedge Funds

En la medianoche del pasado 1ero de mayo de 2016 el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico ("BGF") anunció de forma preliminar la estructura para un posible acuerdo para reestructurar la deuda emitida por el referido Banco. Los términos preliminarmente acordados con un grupo de fondos de cobertura o "hedge funds", contemplan un intercambio por bonos con un recorte de principal de 47%. El comunicado de prensa del BGF divulgando estos términos señala que la propuesta contempla la emisión de otros instrumentos sin recorte de principal, cuyas condiciones específicas no están definidas. La divulgación del BGF reconoce que la reestructuración del Banco requerirá del consentimiento de la totalidad de los bonistas del Banco, incluyendo a las cooperativas de ahorro y crédito. Reconoce, además, que el grupo de "hedge funds" representa solamente un 25% de la deuda del BGF.

Los términos divulgados por el BGF con recorte de principal corresponden a las propuestas y expectativa de ganancia de los fondos de cobertura, para quienes dichos recortes no representan pérdidas a su capital por razón de haber adquirido los bonos a descuento en el mercado secundario. Esto contrasta con el cuadro que confrontan los inversionistas tradicionales, que compraron sus bonos en emisión original por el 100% del valor nominal de los instrumentos, para quienes los recortes de principal representan pérdidas materiales, tanto de capital como de ingresos corrientes. Esta es la situación que comparten las cooperativas con los demás bonistas puertorriqueños e inversionistas tradicionales de los Estados Unidos.

La posición del G25 respecto de este escenario ha sido clara: (a) la reestructuración de los bonos en manos de las cooperativas y demás inversionistas puertorriqueños no puede supeditarse ni sujetarse a la perspectiva de negociación de los fondos buitre; y (b) La reducción de la deuda no puede realizarse ciegamente sin reconocer la totalidad de la realidad financiera de cada grupo de bonistas, particularmente la de los que componen una mayoría. Por ello:

  1. Un recorte de principal para un “hedge fund” que adquirió sus bonos a descuento en el mercado secundario no es una transacción perdidosa ni de sacrificio alguno. De hecho, dependiendo del momento de adquisición, el "recorte" de principal puede implicar niveles de ganancia de doble dígito para estos inversionistas especulativos. Por el contrario, para los bonistas tradicionales el recorte de principal implica una pérdida de capital y una pérdida de ingreso corriente.
  2. El propuesto acuerdo contempla que los instrumentos de valor par (que presumiblemente recibirían las cooperativas y demás inversionistas locales) deberán tener una equivalencia de "Net Present Value" a los instrumentos de descuento de los "hedge funds". Sin embargo, dicha fórmula deja fuera del cómputo el rendimiento real que reciben los "hedge funds" por razón de su adquisición a descuento. A manera de ejemplo, recibir 53 centavos a cambio de una inversión de 35 centavos representa un rendimiento de 151%, que aunque se anualice en un periodo de 2 ó 3 años (periodo durante el cual estos fondos han comprado sus inversiones) representaría rendimientos extraordinarios de doble dígito.

Para que los inversionistas tradicionales reciban una transacción realmente comparable, el BGF tendría que entregarles bonos con una prima de principal y/o rendimientos superiores. Como vemos, la alegada "comparabilidad" del acuerdo BGF/Hedge Funds no es tán "comparable". Una verdadera equivalencia requiere que el cómputo traiga a la mesa el verdadero rendimiento que recibirán los "hedge funds" en función del monto de principal reducido que en efecto invirtieron al adquirir los bonos a descuento. El BGF y sus asesores no pueden desentenderse de esa realidad.

En vista de lo anterior, la posición del G25 respecto del acuerdo entre el BGF y los “hedge funds” es como sigue:

  • Los instrumentos que se ofrezcan como parte de la reestructuración tienen que considerar la realidad financiera de los niveles de capital verdaderamente invertidos por cada bonista. No es admisible una ceguera intencional a dicha realidad financiera.
  • Las alegadas objeciones operacionales para implantar este cómputo comprensivo y realista denotan falta de voluntad de proteger el capital de los inversionistas tradicionales (tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos) y una afinidad táctica en el proceso de negociación que lleva a alinearse con los intereses de los fondos “buitre”. De igual forma, los alegados conflictos de nuestras propuestas con principios de quiebra (que nunca se nos han fundamentado con disposiciones de ley ni jurisprudencia específicas) son un artificio, ya que la reestructuración bajo negociación es un proceso voluntario que se rige por la libertad de contratación.
  • Un acuerdo de buena fe debe estar fundado en los intereses de una mayoría de los tenedores de la deuda y no meramente en los intereses de aquella minoría que facilita la obtención de la meta de reducción de principal, cueste lo que cueste. Un acuerdo con tan pocas probabilidades reales de implantación y fundado en los intereses de una minoría termina siendo un mero simulacro. Si bien comprendemos que el simulacro persigue el propósito de cabildear ante el Congreso por legislación que permita al Gobierno de Puerto Rico poderes para imponer recortes de principal, este ejercicio de simulación desvirtúa el proceso de negociación y lo retrasa innecesariamente.

Sobre la meta de reducción del monto de la deuda, debemos expresar lo siguiente:
Es evidente el interés del BGF de lograr una reestructuración que reduzca el nivel de deuda pública. Sin embargo, en la medida en que dicha reducción menoscabe el capital de los ahorristas puertorriqueños -- sean estos socios de nuestras cooperativas o tenedores directos de bonos de Puerto Rico -- el beneficio social de la reducción de la deuda gubernamental quedará cancelado por el daño a nuestra economía. La descapitalización que sufriría nuestra economía por los recortes de principal constituye una tara a la recuperación económica, recuperación que es pre- condición esencial para resolver la crisis fiscal de manera definitiva. Es por ello que los recortes de principal que contemplan todas las propuestas gubernamentales -- los cuales concentran su mayor daño en los inversionistas de Puerto Rico -- termina sentando las bases para que repitamos el trauma del impago en un futuro. Este riesgo de fracaso financiero futuro es especialmente peligroso al considerar que la reestructuración es tan solo una pieza de la solución definitiva, la cual requiere:

  • Adoptar medidas de desarrollo económico que hagan crecer la economía (y con ella los recaudos), y
  • Reformar la estructura y operaciones gubernamentales para asegurar niveles sustentables de gasto e incrementar la productividad y efectividad de la función pública.

Sin estos dos componentes fundamentales, la reestructuración solamente generará una “Mega- transacción” cuyos resultados serán efímeros e insuficientes, lo que nos llevará a tener que repetir el proceso en un futuro no muy lejano. Más aún, los recortes de principal y su legado prolongado de un "Super Bono" cuyo capital fue truncado por dichos recortes será un recordatorio de largo plazo del incumplimiento crediticio y un impedimento a que Puerto Rico recupere la credibilidad y confianza de los mercados.

Finalmente, tengamos claro que en nuestras circunstancias actuales, los llamados a la reducción de la deuda pública no son en realidad un freno a los intereses especulativos de los fondos buitres. Por el contrario, el deseo gubernamental de lograr una reducción del monto de la deuda sin reconocer las diferentes circunstancias en que cada bonista adquirió sus bonos y sin tener en cuenta que una parte material de dicha deuda está en manos puertorriqueñas ha creado una "alianza malsana" ("unholy alliance") entre el gobierno estatal y los fondos buitre. Con ello, se abre la puerta a que dichos fondos y su modelo de negocios adquieran un rol protagónico en el mercado de bonos municipales de los Estados Unidos, en el cual hasta ahora habían estado ausentes.

Cuando el gobierno reclama un recorte de la deuda, está obviando que una quinta parte de dicha deuda es en efecto el ahorro acumulado de décadas de trabajo de miles de puertorriqueños. De igual forma, aquellos que contradictoriamente reclaman el impago y el recorte de la deuda como defensa del patrimonio nacional, en realidad ponen en riesgo un capital nacional que asciende a $13 mil millones y terminan adelantando la causa de los "hedge funds". Esa realidad no puede ser ignorada. La defensa del interés público, como deber ministerial de los funcionarios gubernamentales, exige la protección de ese capital nacional; la defensa del interés público no puede ser ciega ni inerme a ese imperativo político, económico, social y moral.

De conformidad con todo lo anterior, el G25 reafirma su compromiso de continuar adelantando propuestas que protejan ese interés público, incluyendo las ayudas razonables que permitan al gobierno la prestación de servicios públicos, así como la protección del capital puertorriqueño. Estamos convencidos de que dicho balance es posible y a la vez necesario. Nos mantenemos comprometidos con el diálogo continuado con el BGF para logra dicha meta.